Europa en su conjunto está poniendo en marcha diferentes programas dirigidos a la construcción de un modelo económico sostenible y competitivo con el fin de contribuir a poner freno al cambio climático. Si el camino previo a la pandemia apuntaba a este horizonte, la recuperación sostenible se ha revelado como un vector imprescindible para el futuro, tal y como confirman los programas que se están desarrollando a partir de los fondos Next Generation.
Todo ello configura un marco estratégico sólido y estable para la descarbonización de la economía, un objetivo que debe alcanzarse en 2050 a más tardar, fecha límite para alcanzar la neutralidad en emisiones netas. Pero esta estrategia encaminada a la transición justa no sólo sitúa al planeta en el centro del modelo, sino que también está orientada a asegurar que las personas y territorios aprovechen al máximo las oportunidades sin que nadie se quede atrás.
Precisamente, dentro de este paradigma, se ratifica el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a beneficiarse de las oportunidades que este nuevo escenario puede brindar. Para ello, entre otras cuestiones, es urgente concretar medidas concretas encaminadas a tal fin, poniendo de manera prioritaria el foco en dos sectores: el energético y el transporte, pues se tratan de dos de los mayores productores de emisiones de CO2 en el ámbito internacional.
En relación a la transición energética, cabe recordar que la electricidad es un bien básico de primera necesidad, por lo que hay que garantizar el derecho a una energía limpia y asequible para todas las personas a precios asequibles. De alguna forma, ese objetivo, aprobado por toda la comunidad internacional, nos señala con claridad que, en el fondo, estamos ante un nuevo derecho humano. Algo que debe ser reafirmado y protegido más que nunca en un contexto geopolítico como el actual, donde las renovables se presentan como la única alternativa capaz de proveer de seguridad e independencia frente a los combustibles fósiles de origen lejano.
En lo relativo al transporte, la Agenda 2030 ya incluye varias metas relacionadas con una movilidad sostenible debido a su relación con la salud, el crecimiento económico, la infraestructura y el desarrollo sostenible de las ciudades. Pero es necesario tener en cuenta que los esfuerzos por desarrollar y fomentar un transporte limpio no deben eclipsar la necesidad de impulsar un transporte 100% accesible para todas las personas que facilite la participación de todos y todas en la sociedad. Este es un reto aún por resolver. Lo que sí está claro: las políticas de movilidad limpia e inclusiva deben convertirse en una herramienta imprescindible para lograr el objetivo de cohesión social, promoviendo la accesibilidad universal a las infraestructuras y los modos de transportes en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.