El 10 de diciembre de 2023, celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, este documento emblemático ha servido como faro de justicia global y equidad, articulando los derechos humanos fundamentales e inalienables que cada ser humano debería tener, independientemente de las condiciones, situaciones y características que conforman la singularidad y diversidad de los seres humanos.

Aunque la Declaración no tiene fuerza legal vinculante, ha moldeado estándares éticos nacionales e internacionales, así como el derecho internacional de los derechos humanos, convirtiéndose en un marco global para proteger y promover los derechos humanos.

En consonancia con el enfoque inclusivo y de derechos humanos promovido por la Agenda 2030 a través de la consigna "no dejar a nadie atrás", es importante destacar que actualmente se estima que más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad, conformando el grupo "minoritario" más grande y frecuentemente pasado por alto en nuestro planeta. Para garantizar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, la ONU estableció la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) en 2006, destacando como el primer documento específico que aborda de manera integral los derechos de las personas con discapacidad y proporciona un marco para su implementación. Su objetivo es asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de acceso a los derechos humanos y oportunidades.

Aunque la Convención delinea diversas responsabilidades para los gobiernos, una parte significativa de sus disposiciones fundamentales se refiere a situaciones que pueden involucrar a empresas y otras entidades. En los últimos años, se ha prestado una mayor atención a la responsabilidad de las empresas en relación con los impactos en los derechos humanos, incluida la discapacidad. Para las empresas, la discapacidad ha ganado de manera constante una importancia creciente como un tema fundamental tanto para la sostenibilidad social como para la protección de los derechos humanos básicos. Este cambio positivo ha venido acompañado de llamados a una mayor transparencia sobre cómo las empresas y otras entidades brindan igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad y contribuyen positivamente a su inclusión laboral y social.

Además, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos desempeñan un papel fundamental al guiar a las empresas para establecer un proceso de diligencia debida para evaluar, prevenir y mitigar los riesgos de derechos humanos en todas sus operaciones. Al integrar estos principios en sus estrategias, las empresas no solo contribuyen a una sociedad más justa e inclusiva, sino que también mejoran su viabilidad a largo plazo al fomentar la confianza, mitigar los riesgos legales y cultivar relaciones positivas con los interesados.

Tanto en los Principios Rectores de la ONU como en las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la discapacidad es reconocida como parte de los factores a integrar en el enfoque de una conducta empresarial responsable.

En la UE, una Directiva sobre la diligencia debida obligatoria de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente a lo largo de las cadenas de valor globales está en proceso de negociación y se espera que tenga un impacto significativo más allá de las fronteras de la UE.

Además, los analistas ESG evalúan cada vez más a las empresas con métricas adicionales que van más allá de los indicadores tradicionales de sociales, ambientales y de gobernanza, poniendo un mayor énfasis en el desempeño más amplio de las empresas en sostenibilidad, incluidos los derechos humanos en sus propias operaciones, así como en la gestión de contrapartes y proveedores.

Como resultado de estos avances, las empresas desempeñan un papel crucial y en crecimiento en el logro de un futuro sostenible. Existe un reconocimiento creciente de la "S" en ESG, reconociendo que el impacto de una empresa en la sociedad es fundamental para su éxito a largo plazo. Las estrategias ambientales y de gobernanza demuestran ser más efectivas cuando las empresas las complementan con estrategias sociales sólidas. La dimensión social está cobrando impulso con respecto a los derechos humanos como pilar fundamental. En este marco, la sostenibilidad no debería entenderse sin la inclusión de personas con discapacidad, la accesibilidad universal y el respeto por los derechos humanos, en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este texto ha sido elaborado en el marco de la iniciativa Disability Hub Europe, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y cuyos socios incluyen a la Fundación ONCE, L'Oréal, Dow, ILO Global Business and Disability Network, GRI, European Disability Forum y CSR Europe.